Las nuevas líneas rojas de la DGT: una medida para reducir los accidentes en tramos peligrosos

La siniestralidad en las carreteras españolas sigue siendo un problema grave, con más de mil accidentes y más de mil fallecidos en 2023. Para hacer frente a esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado una nueva medida en algunas vías: pintar líneas rojas en tramos de alta siniestralidad, con el objetivo de reducir los accidentes en estas zonas especialmente peligrosas.

¿Dónde y por qué se ha implementado la línea roja?

La primera región en adoptar esta iniciativa ha sido Andalucía, donde la Consejería de Fomento ha decidido marcar con líneas rojas un tramo de la carretera A-355 en dirección a Marbella, conocido por su alto índice de accidentes. Esta línea roja sustituye a la línea blanca continua que prohibía adelantar, pero con el nuevo color se busca mejorar la visibilidad de la restricción para los conductores, reduciendo así los riesgos.

El tramo afectado tiene una longitud de 4 kilómetros, y en él se han prohibido los adelantamientos para obligar a los conductores a mantener una velocidad controlada. Según las autoridades, esta medida ha conseguido reducir los accidentes graves en un 30%, lo que ha llevado a que la DGT se plantee extender el uso de la línea roja a otros puntos peligrosos de la red viaria nacional.

Medidas adicionales para mejorar la seguridad vial

Además de la línea roja, la Junta de Andalucía ha introducido otras iniciativas para aumentar la seguridad en las carreteras. Entre ellas, se incluye la instalación de radares de velocidad y radares pedagógicos que indican al conductor la velocidad a la que circula, con el fin de concienciarles si deben reducir su marcha. También se han instalado carteles digitales informativos, que refuerzan el mensaje y fomentan la conducción responsable.

Inversión en seguridad para salvar vidas

Un estudio conjunto de la Fundación Mapfre y la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha revelado que una inversión adecuada en seguridad vial podría evitar hasta 300 muertes al año en España. El informe sugiere que, con una inversión de más de 1.500 millones de euros, el Estado y las comunidades autónomas podrían implementar medidas que mejoren la seguridad en las carreteras sin necesidad de realizar grandes obras o construir nuevas infraestructuras.